El Gobierno tiene seis meses para plasmar en ley las recomendaciones aprobadas ayer en el Congreso para regular el cannabis medicinal. Es una buena noticia; decir lo contrario sería absurdo, porque mejora la situación de la que partimos, pero lanzar las campanas al vuelo también sería disparatado, porque la regulación nace con tantas carencias y limitaciones que no termina de sacudirse esa visión retrógrada que acompaña a nuestros legisladores desde la dictadura.
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