El juicio del año en Internet

Hace unos meses probablemente nadie sabía quién era Pablo Soto. En cambio, si hoy introducimos este nombre en un buscador, la pantalla se llenará de enlaces al juicio que hoy ha dado comienzo y que está llamado a sentar jurisprudencia. Esperemos que impere el sentido común y no la avaricia desmedida de las discográficas. Ya hay antecedentes, como el pasado año con Sharemula o con eliteDivX, por ejemplo.
Resumiendo, porque la Red está repleta de información, se trata de la demanda interpuesta por Promusicae (Asociación de Productores de Música de España) y las discográficas Warner, Universal, Emi y Sony BMG a este joven madrileño de 30 años, por haber creado Blubster, MP2P y Piolet, esto es, software P2P.
La cantidad que exigen los demandantes asciende a 13 millones de euros, nada más y nada menos. Soto está convencido de que, tras no haber conseguido cerrar páginas dedicadas al P2P –al menos, no las suficientes-, las discrográficas arremeten ahora contra los programas. Pero, ¿hasta qué punto es lícito esto? En cierto modo, es como indicaba el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, “como si encarcelamos al inventor de la navaja por todas las muertes que se ha producido por apuñalamientos”.

Diarios como Público intentaron contactar antes del juicio con Promusicae, pero éstos deben de tener los auriculares puestos con la música que les graba Teddy Bautista -si es que no está muy liado con el asuntillo oscuro de las obras supuestamente ilegales en el Palacio del Infante Don Luis para su nuevo despacho.

Al margen de lo discutible de la legalidad o no del P2P cuando no hay ánimo de lucro -hay sentencias judiciales que lo apoyan-, con lo que Soto ha comercializado aquí es con software, no con la música sujeta a derechos de autor. Si este demanda prosperase, que se vayan preparando las multinacionales como Nero o Sonic (editora de Roxio), puesto que con sus aplicaciones se tuestan los CDs y DVDs de música pirateada.

A las discrográficas les escuece estar perdiendo dinero -aunque parece que sólo lo atribuyen a la piratería, no a la crisis, por ejemplo-, y sus cifras hablan de que mientras que en 2001 se vendió música en España por valor de casi 700 millones de euros, el año pasado tan sólo se alcanzaron, juntando las descargas digitales, los 250 millones. A lo mejor es que no están sabiendo aplicar bien el nuevo modelo; es posible que acciones como la realizada esta semana por Coldplay, que regalaba en su página web la descarga de su último disco, les chirríe demasiado porque no vean que es sembrar hoy para recoger mañana.

Hoy, en el jucio, hasta se han negado a indicar el precio al que venden las canciones a los portales de Internet. ¿Esa es su transparencia? ¿Esa es su adaptación al nuevo modelo? Algo huele mal en la industria de la música, más allá de Internet y, si no, que se lo pregunten a La Excepción. Y entre tanto, nuestra flamante ministra de Cultura bien calladita, por eso de no mezclar poder Ejecutivo con Judicial, ¿no? Sí, será eso. O, a lo mejor, ahora que lo pienso, ¿podría ser que prefiere no complicarse la vida cuando hay tanto dinero de por medio, tantos intereses comerciales? No sé, no sé…

En cualquier caso, el juicio promete ser largo. Si llega al Tribunal Supremo, para cuando haya sentencia en firme puede haber pasado una década y, víctima de esa avaricia esclerótica que le impide adaptarse a los nuevos tiempos, alguna discográfica puede que haya dejado de existir. Quién sabe.

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