Donaciones políticas

La recaudación de fondos de los partidos políticos siempre ha sido un tema lleno de controversia. Basta echar un vistazo a EEUU para ver el peso del lobby en su sistema, cómo los congresistas ven condicionadas sus deciciones en virtud de los contribuyentes a sus campañas. En España también sucede, por supuesto, con la diferencia de que mientras al otro lado del Atlántico el asunto es más bien público, aquí todo se realiza bajo cuerda.

Hoy nos desayunamos con la noticia de que el PP recibió, sólo en 2006, algo más de 3 millones de euros en los que se denominaban 'donaciones opacas', esto es, anónimas. El PSOE, según apunta El País, sólo recaudó por esa vía cerca de 600.000 euros. Luego llegaría la Ley de Financiación de Partidos Políticos, de julio de 2007, que impondría límites a estas donaciones, entre ellos, el fin de las donaciones anónimas y el tope de los 100.000 euros.

Las investigaciones de donaciones previas a esta ley son, sencillamente, imposibles. El daño ya está hecho, con el agravante doble de que, a la prevaricación posterior de los partidos, se une el fomento de la economía sumergida que tanto daño nos hace ahora, puesto que estas donaciones eran el vehículo perfecto para el blanqueo de dinero.

En todas las regiones se suceden los casos de 'favores' por las donaciones recibidas. En dbnews he tratado varias veces el caso de Laciana, comarca en la que es vox populi el rumor de que la empresa minera de la región -Coto Minero Cantábrico- vive en la más irritante impunidad por sus donaciones a las campañas del PSOE. Puede que no sea así, pero es cierto que hay tantos elementos sospechosos que el mero hecho de que ni siquiera se abran diligencias para investigarlos ya es llamativo.

Por el bien de todo el sistema, es imprescindible atajar este cáncer cuya metástasis se extiende mucho más lejos de lo que parece. Y por supuesto, una vez demostrada la culpabilidad, con penas ejemplares, como siempre deberían ser castigados todos los cargos públicos.