El precio del cáncer

Mirarse en el espejo de Reino Unido, de vez en cuando, no viene mal. Sobre todo para prepararse para lo que pueda llegar a España, gran amiga de imitar políticas económicas antes que de crear nuevas -y cuando lo hace, como en el caso del paquete de medidas de ahorro energético, no dejan de ser refritos tardíos-. En este sentido, hoy la noticia de portada de la edición digital de The Guardian no podía ser más desalentadora: las reformas económicas emprendidas por el Gobierno de Cameron podrían dejar en la estacada a muchas familias con enfermos de cáncer. La edición en papel no es menos desoladora, sobre todo para los policías, que pueden ver cómo 28.000 agentes son puestos de patitas en la calle.

La reforma del Estado de Bienestar en Reino Unido está haciendo estragos. El otro día, en una tertulia radiofónica, se hablaba de que en términos de persona y casi de presupuesto, se estaba volviendo a políticas de la década de los años 30... siglo pasado, vaya. Han quedado atrás, muy atrás, los tiempos en los que el personal sanitario español -médicos, enfermeras...- era bien recibido aquí por el déficit que había.

La alarma ha saltado ahora porque las nuevas medidas contemplan que los enfermos de cáncer dejen de recibir el subsidio de apoyo al empleo -similar a nuestro 'paro'- pasado un año. En cuanto al subsidio de discapacidad, los enfermos habrán de esperar seis meses desde que lo solicitan hasta que comienzan a recibirlo. Hasta 30 asociaciones contra el cáncer se han aliado para protestar contra una reforma que consideran que conducirá a los enfermos de cáncer a la pobreza.

El anteproyecto de ley aún tiene que pasar una segunda lectura en la Cámara de los Comunes, pero se da prácticamente por aprobado. En momentos en los que en España suena con más fuerza que nunca la posibilidad del copago en la Sanidad, admitámoslo, medidas como las inglesas no parecen descabelladas. La crisis ha golpeado de pleno en la línea de flotación del Estado de Bienestar en todos los países del Viejo Continente y, como reza el dicho, "hay que desear lo mejor, pero prepararse para lo peor". Y la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas está haciendo de las suyas:

Mientras en Madrid es el PSOE el que reprocha al PP la pobra aplicación de la Ley de Dependencia, en otras regiones como Extremadura el fenómeno es el inverso. ¿El denominador común? El ciudadano o, lo que es lo mismo, el gran perjudicado.