Astillas en el negocio de la biomasa

Hoy firmo en Público un artículo sobre los beneficios de los pellets como sustitutos del gasóleo para calderas. Se trata de biomasa que en los últimos años se ha convertido en una energía verde subvencionada por las Gobiernos autonómicos. Y precisamente por eso, cuando realicé el trabajo de documentación para este artículo me topé con alguna desagradable sorpresa que mucho me temo que no es un episodio aislado. Me refiero a la sombra de sospechas de corrupción o, al menos, de irregularidades que van más allá del empleo verde o el cuidado por el medio ambiente. Sospechas, por otro lado, que se refuerzan al contatar la opacidad informativa de las empresas afectadas.

Uno de los proyectos más emblemáticos de los últimos años en lo que a plantas de biomasa se refiere es el de Reocín, en Cantabria. El proyeco ha sufrido muchos retrasos desde que se concediera la licencia en 2010 -el arranque de todo data de 2007-  y es posible que no vea la luz hasta dentro de dos años. ¿Quién se encuentra detrás de esta planta? Cuando arrancó hace unos cuatro años, la sociedad Biomasa de Cantabria S.L. En sus orígenes, ésta se encontraba participada por Valoriza Energía (Sacyr-Vallehermoso) en un 47%, Álvarez Forestal (Grupo Armando Álvarez) con otro 47% y la sociedad pública MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, con un 6%. 

A comienzos de 2009, Valoriza Energía y Álvarez Forestal creaban una segunda sociedad limitada, Combustibles Ecológicos de Cantabria, dedicada a la compra-venta y transformación de cualquier tipo de biomasa. Ecuación perfecta: que la planta de energía compré el combustible a sus mismos propietarios. Así todo queda en casa. Preguntadas sobre la relación entre ambas compañías, fuentes de Álvarez Forestal negaron el conocimiento de esta segunda sociedad, a pesar de que en ambos casos –Biomasa de Cantabria y Combustibles Ecológicos-, Sacyr-Vallehermoso disolvió la sociedad a finales de 2009 y fue Álvarez Forestal quien asumió el mando de las dos empresas. 

De hecho, el entonces alcalde de Reocín, Germán Fernández González, me aseguró que “quien ha impulsado de veras este proyecto, que es una apuesta por las nuevas tecnologías y la reducción de las emisiones de CO2, ha sido Álvarez Forestal”, la misma empresa que en los dos últimos años ha acaparado el 46% (casi 630.000 euros) de las subvenciones que ha concedido el Gobierno de Cantabria para el fomento de la extracción de biomasa forestal residual en los bosques de las zonas rurales de Cantabria. A día de hoy, Combustibles Ecológicos se encuentra en suspensión de pagos.

Paralelamente, existen planes de otra planta de generación de energía de 2 MW a partir de biomasa en Seña, perteneciente al municipio de Limpias (Cantabria). El proyecto está liderado por Maderas Morante, a través de la sociedad limitada Eliminación y Valorización de Residuos Seña, y cuenta con una inversión de cuatro millones de euros. Su inicio se esperaba para la pasada primavera, pero desde la Consejería de Medio Ambiente se indica que “no ha acabado de arrancar aunque según nuestras noticias tiene todas las autorizaciones y licencias”. Tanto desde el Ayuntamiento de Limpias como los responsables de Maderas Morante, rehusaron hacer declaraciones al respecto cuando contacté con ellos.

Precisamente Maderas Morante arrastra varios expedientes sancionadores y denuncias por no reparar pistas forestales utilizadas en sus talas, abandonar materiales sobrantes o, incluso, la corta de 289 castaños (con diámetros comprendidos entre 19 y 89 cm) y 22 robles (con diámetros de entre 21 a 39 cm., siendo uno de ellos de 50 cm.), sin estar en posesión de la preceptiva autorización.

En ambos casos, Reocín y Limpias, dos borrones en la carta de presentación de una tecnología que en Europa lleva años demostrando que es una alternativa sólida. ¿Por qué en España no termina de impulsarse y, cuando se hace, no se realizan los controles necesario para evitar ciertas irregularidades?
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