Los andaluces ya son ciudadanos de segunda

Este fin de semana, el PP ha congregado a miles de españoles este domingo para manifestarse contra los pactos alcanzados por el PSOE para conseguir que el Congreso nombre presidente a Pedro Sánchez. Uno de los argumentos, especialmente esgrimido por barones populares como Juan Manuel Moreno Bonilla, es que los acuerdos con Junts y ERC harán que las y los andaluces sean ciudadanos de segunda. Se equivoca el presidente andaluz: en Andalucía, ya somos ciudadanos de segunda. 

Mientras presidentes autonómicos repiten el argumentario de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, entre coros que vociferan "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!" o "¡Que te vote Txapote!", y se alzan como defensores de la igualdad en España, lo cierto es que en sus respectivos territorios ya han generado ciudadanos de segunda. Uno de los casos más llamativos es el de Andalucía, donde Moreno Bonilla ha comenzado un progresivo desmantelamiento del estado de bienestar. 

A pesar de que la
Junta de Andalucía se niega a publicar la información de las listas de espera en la Sanidad Pública, quienes vivimos aquí ya la conocemos de sobra. Con una app caída desde hace más de un año y un teléfono con el que difícilmente es posible contactar, en Andalucía es preciso desplazarse hasta el centro de salud para obtener una cita para Atención Primaria (AP). Allí, el o la paciente se topará con la realidad de que habrá de esperar dos semanas para que su médico le atienda por teléfono, ni siquiera en una consulta presencial. Si precisa que sea un especialista quien le atienda, la espera se puede disparar casi un año... notificándose por carta. 

Estas son las consecuencias de que en Andalucía nos encontremos a la cola en inversión sanitaria por paciente. En otras Comunidades Autónomas, en cambio, la gestión es muy diferente y las citas de AP siguen realizándose como antaño, es decir, en un plazo máximo de 48 horas, como es lógico cuando una persona está enferma. El resultado es que caer enfermo en Andalucía es más grave que hacerlo, por ejemplo, en Euskadi.

Si se mira a otra de las joyas de la corona del estado de bienestar, la situación de la Educación Pública no es mucho mejor. El que probablemente es el mejor ascensor social cuenta en Andalucía con una de las tasas de fracaso escolar más elevada de toda España, con mayor número de barracones (aulas prefabricadas), sin centros bioclimatizados como dicta la misma ley andaluza y con universidades, como la de Málaga, con la peor financiación pública de todos los centros públicos españoles, mientras el gobierno de Moreno Bonilla ha abierto la espita de universidades privadas que ni siquiera cumplen con requisitos mínimos en áreas como Investigación.

Andalucía es la única Comunidad de España en la que todavía los jóvenes no han cobrado el Bono Alquiler Joven, con provincias como la de Málaga en la que la renta per cápita es de las más bajas y los precios de la vivienda de los más altos, con una asistencia a víctimas de violencia de género recortada, tras la pasada alianza de Moreno con Vox, al haber eliminado de un plumazo las ayudas a las organizaciones que suplían a la Administración donde ésta no llega.

En Andalucía, pues, no es la amnistía la que nos hará en Andalucía ciudadanos de segunda; ya lo somos, porque la gestión de Moreno Bonilla nos ha privado de derechos que en otras Comunidades sí disfrutan. Es marca PP, como ahora vemos en Madrid con un gobierno de Isabel Díaz Ayuso que al tiempo que toma el control absoluto por ley de Telemadrid para controlar -aún más- el discurso, aplica su rodillo parlamentario y deja bajo mínimos las leyes LGTBI autonómicas, un movimiento tránsfobo contra el que ya se han convocado movilizaciones.

Las políticas del PP son una maquinaria perfectamente engrasada para generar desigualdad. No es preciso que vuelva la derecha a La Moncloa, porque en muchas de las regiones en las que ya gobierna lo estamos sufriendo. La amnistía es un pretexto, un atajo que Feijóo quiere tomar para tener una segunda oportunidad allá donde fracasó, es decir, en las urnas, cuyos votos no le dieron la confianza suficiente para que el Congreso le hiciera presidente. Si no se producen contratiempos, Pedro Sánchez será investido presidente esta semana, de acuerdo a nuestra Constitución, con 179 votos, que son más de los que avalaron las presidencias de Calvo Sotelo en 1981, Felipe González en 1989, Zapatero en 2004-2008 y Rajoy en 2016. El bloque de investidura cuenta con 12,5 millones de votos, frente a los 11,2 millones de las derechas (PP-Vox-UPN); eso es ganar unas elecciones.