Usar la lucha contra el fraude contra el cupo catalán es mala idea

El Govern de Pere Aragonès ha puesto encima de la mesa la posibilidad del cupo catalán, es decir, la independencia fiscal para Catalunya al estilo de Euskadi y Navarra. Más allá de otras consideraciones que hubiera podido esgrimir, lo que sorprende es que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) haya recurrido a la lucha contra el fraude para tirar por tierra la propuesta de Aragonès. Y es que la Hacienda Pública no está para presumir de aflorar demasiado dinero defraudado; todavía no conocemos el dato de 2023, pero en 2022 la lucha contra el fraude fiscal sólo fue capaz de recaudar 16.675 millones de euros, un 1,3% menos que el año anterior. 

Esos más de 16.000 millones podrían parecer mucho, pero no lo son tanto si consideramos que, según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en nuestro país se defraudan 91.600 millones de euros al año. Unos 60.600 millones en impuestos evadidos y unos 31.000 millones en cuotas defraudadas a la Seguridad Social.

La Asociación de IHE destaca la dificultad de cruzar información fiscal con las Haciendas vascas y navarra, lo que dificulta extraordinariamente la lucha contra el fraude. Si esta práctica se extendiera a Catalunya, la situación es evidente que empeoraría. En este punto es importante realizar dos consideraciones. La primera de ella es ¿cómo de efectiva es la lucha contra el fraude en los territorios forales? Las Haciendas vascas afloraron en 2022 890,91 millones de euros, de los que sólo la Hacienda Foral de Bizkaia destapó 429,8 millones de euros, un 3,76% más que 2022. Navarra, por su parte, regularizó cerca de 200 millones de euros. En este punto es importante destacar que aflorar no es lo mismo que recaudar, pues en muchos casos la detección del fraude no es sinónima de recuperar ese dinero. 

La segunda de las cuestiones a plantearse es si es posible establecer mecanismos entre Administraciones para que los regímenes forales no terminen beneficiando a los delincuentes. Esta es la clave en los casos de Euskadi y Navarra, cuyo derecho a la independencia fiscal se recoge en la Constitución. La derecha que tanto ha cargado contra el cupo vasco parece no ser consciente que ir contra este régimen fiscal es ir contra la Carta Magna, puesto que en su disposición adicional primera determina que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” y, uno de estos derechos era el referido a la recaudación de tributos. Aquella fue una concesión que se realizó en la redacción de la Constitución que hoy les pesa a quienes se les sigue llenando la boca con la modélica Transición.

El caso catalán, sin embargo, no tiene el mismo asidero constitucional que los territorios forales y ese debiera ser el argumento de peso, no la lucha contra el fraude. Especialmente cuando en España nos roban a manos llenas. Hace un par de años, Gestha estimaba que la economía sumergida en España oscilaba entre los 230.000 y los 240.000 millones de euros, lo que supondría casi el 17% del PIB, frente al 14% de media ponderada de la UE. 

¿Qué está sucediendo en España? Que los recursos con que cuenta la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) se destinan fundamentalmente a comprobar e investigar a autónomos y pymes, yéndose de rositas las grandes fortunas y multinacionales. De hecho, la propia Gestha considera que, de reorganizarse esos recursos, podrían recaudarse 6.200 millones de euros más al año. A pesar de que las grandes empresas son las que acumulan el 72% de toda la evasión fiscal, tan sólo el 20% de la plantilla de AEAT supervisa a las grandes empresas y las grandes fortunas.

El  informe Desigualdad y pacto social, coordinado por el catedrático y economista Luis Ayala Cañón y elaborado por la Fundación La Caixa, reveló que la brecha recaudatoria en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) ronda los 7.000 millones de euros al año y, ¡oh, sorpresa! descubrió que quien más tiene, más defrauda. El 0,1% más rico oculta el 23% de sus ingresos, mientras que si miramos al 10% más pobre, éste únicamente oculta el 8%. Al mismo tiempo y sin menospreciar la importancia de la lucha contra el fraude, poner el foco en ésta mientras no se cierran las grietas de la elusión fiscal resulta grotesco. Según el Observatorio Europeo de la Fiscalidad, España pierde el 15,6% del Impuesto de Sociedades porque va a parar a paraísos fiscales. La cifra no es menor: alrededor de 140.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, el 10,6% del PIB. 

Así las cosas, situar la lucha contra el fraude en el foco anti-independentista no sé si es la mejor idea, cuando, como Estado, el margen de mejora es tan abrumador. En cierto modo es alimentar el argumentario de quienes se quieren separar y alegan que su mayor control contribuiría a mejorar la asignación de recursos y la lucha contra el fraude.