Protección a la corrupción

Jesús Sepúlveda y Ana Mato en una boda de los Aznar.

El Gobierno y el PP, tanto monta, monta tanto, van de mal en peor. Mientras el líder del principal partido de la oposición se ceba pidiendo la dimisión de Rajoy, éste no hace más que dar más y más motivos para ello. Ni siquiera me refiero a la vergonzante intervención del presidente en Alemania, aunque daría para hablar largo y tendido; basta intentar descifrar sus palabras: "Todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros de mi partido que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación, o dicho de otra manera es total y absolutamente falso".

Me refiero a cómo mientras convierten al ex marido de Ana Mato en uno de los pocos españoles -como político que es- que tiene protección laboral contra el despido, el mismísimo ministerio de Cristóbal Montoro amenaza a los inspectores de Hacienda por denunciar los agujeros que tenía la amnistía fiscal.
 
¿Cómo puede ser que mantenga un puesto de asesor del PP un imputado de la trama Gürtel que ya tuvo que dimitir de su puesto como alcalde de Pozuelo? La respuesta es sencilla, mal que le pese a cualquier demócrata: ¿acaso no mantiene su puesto una ministra, en este caso, su ex mujer, aunque circula documentación que revela que se benefició directamente de la trama de corrupción? Las explicaciones que ayer dió el número tres del PP, Carlos Floriano, son insuficientes -en eso, el Gobierno/PP mantiene la regularidad-, por no decir que rayan la mentira, puesto que el despido de Sepúlveda habría salido más barato hace tres años -pagando su correspondiente indemnización en caso de considerarse improcedente, que estaria por ver-, que pagarle su, a buen seguro, nada despreciable sueldo durante todo este tiempo.
Uno puede pensar mal e imaginar que el sueldo de Sepúlveda durante estos tres años son un seguro para Rajoy y el resto de la cúpula del PP, una garantía de que el ex marido de Mato no tirará de la manta. Sin embargo, se está estrechando el cerco de la Justicia -si finalmente vemos un poco de ésta aplicada a la política-. ¿Si la Justicia confirma las sospechas, se imaginan las consecuencias para el PP? ¿Podría seguir existiendo borrada buena parte, sino toda, la cúpula de la formación? Y lo que es más importante, ¿dónde quedaría la confianza de los que un día apoyaron al partido?

La ciudadanía está impaciente por la resolución de todas las incógnitas, sin olvidar a la CEOE y un buen puñado de empresarios que son los que, a fin de cuentas, parecen haber dado el músculo financiero para que la corrupción se extienda por toda España, beneficiándose de ella. Quid pro quo.