Miedo al 'Sí se puede'

(Efe)

Escrache: dícese de una forma de protesta alumbrada hace años en Argentina por medio de la cual se pone a una persona en evidencia en público. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con su campaña #DeAfectadoAdiputado, ha recurrido a este método para expresar su descontento con aquellos diputados que votaron en contra de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para luchar contra los desahucios, en definitiva, contra una ley que desde Bruselas ya se ha declarado ilegal. Y para ello ha acudido tanto a la celebración de actos públicos como a sus domicilios particulares.
¿Cuánto tardará el PP en legislar para criminalizar el escrache?

El pasado fin de semana, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, no sólo tachaba de violencia a esta forma pacífica de protesta sino que, además, culpaba al PSOE y a IU de alentarla. El vicesecretario del PP, Gonzalo Esteban Pons, incluso, ha interpuesto una demanda por coacción, adivinen dónde: en la Comisaría del Congreso, porque incluso allí los diputados cuentan con una comisaría particular, al igual que, por ejemplo, de guardería.

Las reacciones de los populares recuerdan mucho a la carta en 2011 del retoño de Alberto Ruiz-Gallardón, que también ha sido objetivo de este escrache. Me refiero a aquella carta en El País, en la que acusaba al 15-M de violencia y, a la prensa, de disfrazar los escraches de protestas concretas y "colaborar a la creación de una sociedad enferma".

¿Qué es exactamente violencia y qué es una sociedad enferma? Violencia es dejar a familias enteras en la calle para que un banco sume una nueva propiedad a su stock de viviendas vacías con las que no sabe qué hacer. Violencia es que ese mismo banco no pague plusvalía si la traspasa a Sareb (el banco malo), pero el desahuciado sí la haya tenido que pagar cuando le han arrebatado la casa. Violencia es que los bancos que ejecutan desahucios de manera ilegal -como ha ratificado Bruselas- adeuden miles y miles de euros a Ayuntamientos y vecinos porque no pagan ni el IBI ni la Comunidad de Vecinos, incumpliendo impunemente la ley, con la connivencia del Gobierno.

¿Y una sociedad enferma? Bueno, ahí, y casi dos años después de haber escrito esa carta, a Rodrígo Ruiz-Gallardón le puede ayudar su propio hermano, ese que trabaja en un bufete de abogados que consigue el indulto para un conducto kamikaze que se llevó por delante la vida de un inocente.

Llegados a este punto, sólo cabía esperar la reacción que ya ha tenido el PP. La de criminalizar estas protestas que les dejan en evidencia. Su siguiente paso, será mandar efectivos antidisturbios al lugar de los escraches y comenzar a imponer multas de 300 euros a discreción, como ya ha hecho con otros movimientos como el 15-M o el 25-S. Es posible, incluso, que comiencen a infiltrar a policía secreta en la PAH, si no lo ha hecho ya, o que reviente reuniones de este colectivo por considerarla ilegal, como ya hicieran en el parque del Retiro con el 15-M.

¿Y lo siguiente? El paso legislativo, claro, o mover directamente sus tentáculos en el Poder Judicial, lamentablemente tan surbordinado, y comenzar la lista de acusaciones a pertenencia a banda criminal, como se ha realizado ya con los Bukaneros de Vallecas o la aparentemente fabricación de pruebas falsas contra el joven Alfon.

Son reacciones propias del miedo, de ese miedo al que hacía referencia el hijo de Ruiz-Gallardón. La diferencia es que el miedo no viene causado por la violencia ciudadana, que no es tal, sino de su presión, de su despertar e inconformismo. En la cima de la pirámide social, esa compuesta por una minoría privilegiada como quienes son objetivos de los escraches, se masca el miedo porque ve cada vez más cerca el fin de sus días, de su estatus de poder económico y político y el bofetón de realidad que va a recibir de un momento a otro. Una clase que vive estos días aterrorizada, aunque entre ellos traten de calmarse, porque sabe que la ciudadania está dipuesta a recuperar lo que ellos le robaron, cueste lo que cueste, implique lo que implique.