La factura informativa llega a la Universidad

 

Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) no quiere que ningún alumno o alumna de la Universidad pública curse estudios sin conocer al dedillo cuánto le cuesta a la Junta de Andalucía. A partir de ahora, en sus resguardos de matrícula constará, “a efectos de información”, el coste estimado de los servicios académicos que disfrutan. La medida es perversa y se produce en pleno debate alimentado por los privilegios que dispensa la derecha a la educación privada: Andalucía se ha convertido en un paraíso para las universidades privadas. Moreno Bonilla ya ha dado alas a cuatro desde que llegó a San Telmo.

La bonificación de la matrícula en un 99% fue aprobaba por el último gobierno del PSOE en Andalucía. Afortunadamente, la derecha no ha tirado por tierra esa medida, pero mantiene asfixiada a las universidades públicas. El descontento de profesorado y alumnado es más que evidente en los dos buques insignia del PP, es decir, Madrid y Andalucía.

La suerte de factura informativa que ahora promueve Moreno Bonilla llega en pleno endurecimiento por parte del Gobierno de España de las condiciones para abrir universidades privadas. Pedro Sánchez llegó a hablar de “chiringuitos educativos” y Moreno Bonilla desvió la atención hablando de “frentismo entre lo público y lo privado”. Ese frentismo no surge de la nada; nace de la desigualdad, bien lo sabemos en Andalucía donde se suceden las acusaciones por parte del Consejo de Universidades de que los nuevos centros privados no cumplen con los requisitos legales.

Sólo en Málaga, este año echarán a andar tres nuevas universidades privadas, lo que evidencia la deriva de la Junta de Andalucía en su política educativa. ¿Aparecerá en los resguardos de matrícula de los y las estudiantes de la pública el importe de dinero público inyectado en estos proyectos? No, claro que no. Esa cifra no le interesa a Moreno Bonilla que se publicite.

La Sanidad pública es otro de los ámbitos en los que estas ‘facturas en la sombra’ se han extendido por España. En Andalucía, de hecho, comenzaron a emitirse a finales del 2010, con el PSOE todavía al frente de la Junta. Como sucede en Educación, el argumento para justificar estas notificaciones es generar conciencia del coste de los servicios públicos entre la ciudadanía. ¿Quién podría negarse a un propósito tan transparente? Nadie. De hecho, en plena vorágine del populismo fascista que cuestiona, incluso, el pago de los impuestos se antoja más necesario que nunca.

El problema son los métodos para llevar a cabo esta pedagogía del estado de bienestar; tiende a realizarse exclusivamente en aquellas áreas más golosas para la privatización que todavía resisten los envites de los fondos privados, aunque en regiones como Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso ya les quiere tender la alfombra roja. ¿Por qué en la gestión de los servicios privatizados, como el agua o la limpieza de calles y recogida de basuras, no se nos incorpora a nuestras facturas información comparativa del sobrecoste que nos supone esta privatización?

¿Por qué Moreno Bonilla no impulsa la transparencia tributaria? Al autónomo que paga religiosamente sus impuestos quizás le gustaría saber que de los 120 millones de euros que recaudaba la Junta de Andalucía en 2022 por vía del Impuesto de Patrimonio, en 2024 sólo se recaudaron 33,8 millones, cifra insuficiente y que aun sería menor de no ser por las acciones emprendidas por el Gobierno de España que obligaron a Moreno Bonilla a recuperar parcialmente esta figura tributaria.

Puestos a ser transparentes, cada vez que el presidente andaluz reclama rebajas significativas o IVA cero para determinados bienes podría contar que este impuesto le aportó 8.300 millones de euros en 2024, un 12,4% más que el año anterior, convirtiéndose en la segunda figura impositiva que más hace crecer los ingresos de la Junta.

No se trata de propuestas descabelladas a la hora de ensanchar esta pedagogía ciudadana en la que se ha embarcado ahora la Junta de Andalucía y que pueden aplicarse al resto de España. Tampoco son demagógicas; podría serlo, tal vez, si ahora que nos encontramos en plena campaña de presentación de la declaración de la renta se nos informarse de, por ejemplo, qué parte de nuestros tributos paga las dos subidas de sueldo que se aplicó en un año Moreno Bonilla para embolsarse más de 87.000 euros al año. O que cuando alguien recibe su nómina tuviera constancia de que sus señorías en el Parlamento andaluz cobran alrededor de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pese a lo cual el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre (PP), reclama una subida porque les "cuesta llegar a fin de mes". Eso sí podría ser tachado de demagógico, pero no es lo propuesto.

La pedagogía es básica, no sólo acerca del estado de bienestar, sino de la democracia misma. Sin embargo, la derecha no sensibiliza para generar conocimiento al respecto, sino que manipula opacando información interesadamente en un intento de teledirigir conciencias o justificar artificialmente sus medidas ideológicas. Precisamente por ello, los ataques que la derecha ejerce contra la Universidad pública son tan tácticos en su estrategia. La Universidad no sólo constituye un elemento esencial del ascensor social, sino que es por excelencia uno de los espacios de reflexión y conocimiento. Como hemos visto recientemente con la Universidad de Harvard frente a los desmanes de Donald Trump, la Universidad española se ha convertido en un bastión de la libertad de expresión, de la movilización social y política. Ante esta realidad, la derecha se siente amenazada. Así ha sido históricamente y, mientras no decaiga en su actitud, más nos vale que siga ocurriendo de ese modo. Protejámosla. 

(Artículo en Público)