Privacidad en la era de los satélites

 

La consultora Gartner ha incluido la Inteligencia de la Tierra o Inteligencia Terrestre (Earth Intelligence) en su lista de las doce tecnologías disruptivas para las empresas en el futuro. Así se denomina a la combinación de las imágenes tomadas por satélite con procesamiento masivo de datos (big data) impulsado por Inteligencia Artificial (IA). El objetivo es obtener información de todo tipo, desde producción de minerales, niveles de ocupación, tráfico o reservas de agua, entre muchas otras.

Dado que según Gartner, en 2028 el 80% de los principales activos de la superficie de la Tierra estarán monitorizados por satélites activos, las compañías no van a desaprovechar la oportunidad de sacar tajada de esos datos. Ya se han puesto manos a la obra subiéndose al tren en marcha de la IA, confiadas en poder realizar mejores pronósticos para adaptar su logística, cadenas de suministro, etc.

Los satélites, cada vez más pequeños y dotados de dispositivos más sofisticados, no sólo son capaces de ofrecer imágenes de alta resolución, incluso, en condiciones de visibilidad pésimas, como es el caso del radar de apertura sintética (SAR) para ver en la oscuridad y más allá de las nubes o el humo, sino que proporcionan información sobre características físicas mediante sensores hiperespectrales que distinguen con precisión entre longitudes de onda, determinando por ejemplo la calidad del agua o de la vegetación.

El ejército en sus operaciones de campo y las agencias de meteorología para anticiparse a fenómenos naturales fueron pioneros en el uso de estas tecnologías, pero la proliferación de compañías que comercializan estas imágenes al público general y los últimos avances en materia de IA han revolucionado el panorama. Según un reciente informe del Foro Económico Mundial (FEM), en colaboración con Deloitte, esta observación de la Tierra tiene el potencial de aportar al PBI mundial 3,8 billones de dólares entre 2023 y 2030. Sobre el papel, el provecho de estas nuevas tecnologías es evidente en pro del bien común, en parcelas como el cambio climático, la lucha contra el hambre, la preservación de los entornos naturales… Ya es posible realizar predicciones climáticas hasta 1.000 veces más rápido que con los modelos climáticos tradicionales.

Sin embargo, más allá de las ventajas que puede traer consigo de cara a la gestión de las Administraciones Públicas, los servicios de emergencias y de recursos como el agua o la energía, el informe también contempla otros sectores, como Banca y Seguros, minería, las petroleras y gasistas o las empresas de transporte, entre otras. A fin de cuentas, disponer de antemano de un pronóstico de huracanes, inundaciones o sequías, no sólo se traduce en prevención de protección civil, también en negocio.

Hay una enorme diversidad de ejemplos fáciles de entender: contar por anticipado de periodos de sequía o inundaciones puede variar significativamente las pólizas de los seguros del hogar (por no hablar del peritaje tras un accidente). Asimismo, identificar las islas de calor en zonas urbanas, detectando qué edificios cuentan con un aislamiento térmico idóneo, también genera nuevas oportunidades de negocio. Datos como el abastecimiento de materias primas o la exposición a riesgos físicos derivados del cambio climático pueden determinar la concesión de préstamos por parte de un banco.

La Inteligencia Terrestre es un avance excepcional y demonizarlo sería un error, pero urge establecer los necesarios guardarraíles para que nadie se salga del camino. La ventaja de identificar grandes bancos de peces de nada sirve si esa información se utilizar para continuar esquilmando los caladeros. Los beneficios de prospección minera se esfuman si se obvia la información sobre los riesgos de vertidos en acuíferos próximos que entraña esa actividad extractivista.

Más allá de los riesgos que entraña el procesamiento de los datos capturados con satélites y la entrada en juego de la IA con sus sesgos y alucinaciones, la violación de la privacidad es una de las grandes preocupaciones. Con constelaciones de satélites observando desde arriba, capaces de recoger información con un nivel de detalle nunca antes visto y con imágenes captadas fuera del nadir (con un ángulo de oblicuidad que se sale de la verticalidad), garantizar quién y qué uso hará de esa información, así como dónde y por cuánto tiempo se almacena, es crucial.

No hablamos de plataformas como Google Earth y Google Maps, cuyas imágenes no ofrecen una actualización constante, sino de otro tipo de compañías que, a demanda del cliente, pueden capturar imágenes de alta resolución varias veces al día. Hay empresas que proporcionan una resolución espacial de 15 centímetros para áreas de alrededor de 25 kilómetros cuadrados por unos cientos de dólares. Algunas compañías cuentan con servicios premium con los que ofrecen imágenes de ubicaciones hasta 15 veces al día o, incluso, generar vídeos en tiempo real de un par de minutos.

Ante estos cientos de ojos con capacidad de observarnos desde el cielo, parece lógico exigir a los gobiernos tanto una legislación que garantice nuestra privacidad como una aplicación práctica y rigurosa de la misma. La tecnología avanza muy rápidamente generando múltiples casuísticas que se escapan a los legisladores o que, en última instancia, han de ser abordadas con leyes y normativas desarrolladas en un escenario analógico. En este mercado de teledetección satelital cada vez participan más actores, desde las empresas que captan las imágenes, a las que los procesan y aplican IA, quienes han desarrollado los algoritmos o quienes comercializan el servicio a terceros. En caso de error o inconsistencias, ¿a quién corresponde la responsabilidad civil? ¿Es fácil determinar en qué fase se produjo la incidencia?  

La existencia de diferentes marcos legales al respecto, incluso en la Unión Europea (UE) con su Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD), puede generar fisuras por las que se termine violando nuestra privacidad. De hecho, la legislación en EEUU es mucho más laxa que en Europa y buena parte de los operadores de observación terrestre están afincados allí. Urge adoptar medidas comunes y cerrar cualquier brecha legislativa que pueda poner en peligro la privacidad de quienes viven ajenos a ser observados. 

(Artículo en Público)