La suciedad ya estaba dentro

Protesta reclamando justicia para Haitam. – Sindicato de Estudiantes
Torremolinos ha sido testigo de la muerte de un marroquí a manos de las fuerzas del orden. Según diversos testigos, para reducir a una única persona fueron necesarios ocho agentes de la Policía Nacional y tres descargas con dos pistolas táser. La desproporción parece más que evidente. 

El pasado 7 de diciembre, Haitam Mejri, de 35 años, entró en un locutorio para pedir un cargador para su móvil y poder pagar así al conductor que le había llevado hasta allí. Todo cuanto pasó después desembocó en su muerte. Tanto los testigos como los fragmentos de vídeo que se han visto hasta ahora hacen pensar que la actuación policial fue desproporcionada. El hecho de que, más de una semana después de la muerte en manos de la policía, la familia ni siquiera haya tenido acceso al informe de la autopsia o a las imágenes de las cámaras de los agentes que se activan automáticamente cuando usan las pistolas táser no juega a favor de las versiones policiales.

Según indican los sindicatos policiales, Haitam estaba agitado y portaba unas tijeras. Nada de eso se ve en ninguno de los vídeos disponibles. Nada. Desde el polémico sindicato Jupol, que en los ataques a población migrante en Torre Pacheco llegó a hablar de “desechos humanos”, precisan que el fallecido recibió a los agentes al grito de “Alá es grande”. ¿Y? ¿Habrían referido algo parecido si se hubiera tratado de un español que los recibiera con un “por Dios”? Seguramente no. El asunto apesta.

Padre de un hijo de siete años, casado con una malagueña y en España desde hace 30 años. La madre de Haitam regenta un restaurante en el barrio malagueño de Las Delicias (Carretera de Cádiz). ¿Cuánto tiempo ha de pasar para dejar de llamar a alguien migrante? ¿Cuánto tiempo ha de etiquetarse a una persona como tal como un constante recuerdo del “tú no eres de aquí”?

La pregunta, en realidad, no viene al caso, porque considerado o no migrante, Haitam jamás debió morir por parada cardiorrespiratoria al ser reducido por la Policía Nacional. La opacidad por parte de las fuerzas del orden en todo cuanto ocurrió no es lo único que juega en contra de su versión; también lo hace la larga lista de denuncias por brutalidad policial y racismo institucional. Sin olvidar, claro está, las muertes de personas migrantes no blancas.

¿Saben de quién sí me acuerdo? De Mambe Myabe, muerto tras persecución policial en Lavapiés; de Mamadou Barry, muerto en un centro de menores de Melilla y enterrado sin notificarlo a la familia ni darles autopsia; de Mamouth Bakhoum, ahogado en el Guadalquivir huyendo de la policía; de Abderrahim, asfixiado por un policía con la técnica de mataleón; de Harold Medina, muerto en una comisaría de Sant Boi de Llobregat; de Mahamedi, muerto a tiros en la comisaría de Montornès del Vallès o de Abdoulie Bah, abatido a tiros en el aeropuerto de Gran Canaria. La relación de muertes de migrantes que nunca debieron producirse es mucho más extensa.

¿Qué está sucediendo? ¿Existen diferentes protocolos de actuación en función del color de la piel? ¿Se ejerce más brutalidad cuando la persona con la que se trata no sólo no es española, sino que su gama cromática de piel difiere de la del agente? Es triste de admitir, pero los hechos así lo indican, más allá de lo que dicten unos tribunales que, por defecto, tienden a ser escudo protector de quien ostenta el monopolio de la violencia.  

España es racista o en España hay racismo, quédense con la variante que más les agrade, las consecuencias son idénticas. Hace unos días, asistí a la gala de celebración del 35º aniversario de la entidad Málaga Acoge. En ella participaba el humorista gaditano Lamine Thior, que pese a haberse criado en Algeciras desde los dos años, sigue señalado como inmigrante senegalés. No es que Thior reniegue de su origen, pero cuando éste se arroja contra él despectivamente molesta, agrede. El comediante ha sabido mostrar con humor el racismo presente en la sociedad española, compartiendo desenfadadamente situaciones, anécdotas muy crudas, advirtiendo, por ejemplo, cómo la salud mental se saca de la ecuación de una persona inmigrante: si es negra es violencia y punto.

La sensación de que la brutalidad policial contra las personas migrantes aumenta, del respaldo estadístico de muertes violentas y, muy especialmente, de la falta de transparencia que acostumbra a rodear a todos estos casos es tan descorazonadora como aterradora. No me corresponde a mí demostrar el racismo latente en las fuerzas del orden, pero sí constato que esa percepción existe y crece. Ello debería bastar para actuar de inmediato y atajar la situación, pero tampoco se detectan esfuerzos en esa dirección. En su lugar, la reacción furibunda de los sindicatos policiales acostumbra a ser la querella contra quien denuncia los hechos.

Mientras escribo estas líneas, se produce en Badalona el desalojo del considerado mayor asentamiento de migrantes en Catalunya, en el en el antiguo instituto B9. 400 personas a la calle, en pleno invierno y sin alternativa habitacional, que el ayuntamiento ya ha dicho explícitamente que les niega. De hecho, han llegado antes los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que los Servicios Sociales. “Quiero limpiar Badalona”, dijo en su día el alcalde Xavier García Albiol (PP), cuyo racismo y xenofobia han quedado acreditados en innumerables ocasiones. Y resulta que la suciedad no viene de fuera, ya estaba dentro.

(Artículo en Público

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