Europa quiere descolonizarse tecnológicamente

 

Esta semana la Comisión Europea (CE) ha aprobado su Paquete Europeo de Soberanía Tecnológica marcando un hito: por primera vez y aunque aún se detecta cierta timidez, da muestras de dar al software de código abierto (open source) la importancia que merece. Ha costado muchas décadas y el esfuerzo de organizaciones como la Free Software Foundation Europe (FSFE) para que la Unión Europea (UE) sea consciente de que el software propietario ha lastrado la soberanía tecnológica de Europa.

Los mandamases europeos al fin se han dado cuenta de que el open source juega un papel esencial para lograr la tan ansiada soberanía tecnológica. Históricamente, la UE ha cometido el error de relegar a este software a ámbitos muy específicos, como el académico y de investigación o determinadas parcelas de contratación pública. Ahora, probablemente más que atraídos por ensanchar la democracia y libertad de las personas usuarias, hayan cedido en su postura seducidos por estudios como el de hace unos años en el que se afirmaba que por cada euro de inversión pública en código abierto se generan entre cuatro y cinco euros para la economía europea.

Sea como fuere, el proceso ha despertado mucha expectación, como evidencia que durante la convocatoria de aportaciones se registraran más de 1.600. Hay hambre de open source porque durante demasiado tiempo, el lobby del software comercial, con las grandes tecnológicas a la cabeza, ha tenido mucho que ver en esta cerrazón, que ha terminado por amplificar la dependencia de multinacionales estadounidenses. Tanto es así que, según datos de la propia UE, Europa gasta alrededor de 264.000 millones de euros al año en software fundamentalmente propietario.

“No podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que mantienen en funcionamiento nuestros hospitales, la estabilidad de nuestras redes energéticas y la seguridad de nuestros servicios”. Son palabras de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, que considera la medida como un paso más de protección a la ciudadanía de Europa.

Este paquete legislativo incluye la Ley CHIPS 2.0 y la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA, por sus siglas en inglés), que da un impulso al software de código abierto, exigiendo a las Administraciones Públicas poner a disposición el software comprado con fondos públicos para su reutilización. Según el texto aprobado, las nuevas directrices de licitación eliminan la dependencia de un solo proveedor, especialmente en las contrataciones de nube pública e IA.

Uno de los puntos novedosos de la estrategia es que no sólo mira al software, también al hardware, priorizando por ejemplo los semiconductores RISC-V abiertos, en los que ya ha invertido cerca de 500 millones de euros a través de la iniciativa Chips Joint Undertaking. Además, la CE ha mostrado su compromiso con los sistemas operativos de software libre para dispositivos móviles que, como viene demandando la FSFE, es esencial para la neutralidad del dispositivo y la elección del usuario.

La nueva estrategia de la CE pasa por ser capaces de alcanzar los 30 millones de usuarios activos de herramientas de colaboración open source para 2030. Para ello, otro pilar fundamental que contempla y habrá de potenciar mucho más de lo que ha venido haciendo hasta la fecha es la formación digital independiente en escuelas y universidades, contando para ello con paquetes de soluciones de software libre.

El punto más oscuro y desesperanzador viene desde la óptica de financiación: la estrategia open source dispondrá de 2.000 millones de euros durante siete años que, siendo honestos, es ridícula, no sólo frente a los 264.000 millones anuales gastados en software propietario, sino también respecto a los más de 400.000 millones de euros propuestos para el Fondo Europeo de Competitividad.  Ya saben, es como si estás muerto de hambre, te dan un puñado de garbanzos y te parece un cocido, pero no dejan de ser un puñado de garbanzos. Por este motivo, los defensores del código abierto no bajan la guardia y advierten que con este presupuesto queda escaso margen para el mantenimiento de la estrategia.

La FSFE da la bienvenida al anuncio, pero se muestra cauta al precisar que el éxito “dependerá de normas vinculantes, financiación a largo plazo y una participación significativa de la sociedad civil”. Este organismo, que lleva ya muchos años batallando por lograr el reconocimiento del software libre, ha visto ya demasiadas veces cómo las lagunas legales y la ausencia de normas vinculantes dan al traste con sus esfuerzos.

Al mismo tiempo, Lucas Lasota, responsable del Programa Legal de la FSFE, insiste en que “estos compromisos necesitan financiación asegurada y a largo plazo, la participación significativa de expertos independientes y la sociedad civil, así como una aplicación efectiva de la Ley de Mercados Digitales para garantizar que el software libre pueda prosperar en un mercado justo".

(Artículo en Público)