La retirada forzosa de los cooperantes en los campos de Tinduf es
la puntilla a la ayuda de cooperación por parte del Gobierno de Rajoy,
que ni coopera ni deja cooperar. Al recorte salvaje de más del 65% en
ayuda al desarrollo, esto es, casi 1.300 millones de euros menos, se
suma ahora la expulsión de quienes aportan su esfuerzo, tiempo y dinero a
quienes los sucesivos Gobiernos españoles han dado siempre la espalda:
el pueblo saharaui.
Y subrayo los términos “expulsión” y “forzosa”
porque no se puede llamar de otro modo el ejercicio de repatriación
realizado por la cartera de García-Margallo. Exigir a quienes se queden
en los campamentos de refugiados, donde los saharauis llevan condenados
37 años, que firmen un documento que exima de cualquier responsabilidad
al Gobierno español, es una extorsión. Y es lo que el Gobierno ha hecho
con el único cooperante que ha decidido no claudicar a la
desinformación gubernamental, que habla de “motivos fundados” y ni siquiera a los expulsados ha dado mayores explicaciones.
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