Verdades y mentiras de la investidura de Pedro Sánchez

Mañana se iniciará la sesión de investidura de Pedro Sánchez que, salvo imprevistos, concluirá con su nombramiento como presidente por mayoría absoluta. Durante los últimos meses se han deslizado toda suerte de mentiras y medias verdades que han derivado en los altercados callejeros de grupúsculos fascistas alentados por Vox y crispación social aprovechada por el PP. A continuación se muestra una relación de diez verdades y mentiras que, pese a obvias, se están ignorando interesadamente en ciertos círculos: 

VERDAD, que el PSOE era contrario a la amnistía durante la campaña electoral. Efectivamente, los socialistas negaron la posibilidad de ceder ante los independentistas en este asunto, al igual que en el referéndum. Su postura cambió condicionados por la investidura, pues de otro modo era imposible obtener el apoyo de Junts y ERC. Cuando el PP esgrime que se trata de un fraude electoral porque la amnistía no aparecía en el programa electoral del PSOE, abre la puerta a que el PP sea acusado de lo mismo pues en las elecciones autonómicas y municipales tampoco aparecía que los de Génova fuesen a dar entrada en más de 140 instituciones al partido de extrema-derecha Vox. Lo reprochable es que ante preguntas específicas en campaña, Sánchez llegó a negar la posibilidad de una amnistía.

MENTIRA, que Pedro Sánchez solo acepte la amnistía para aferrarse al poder. Evidentemente, aceptar la amnistía es condición imprescindible para continuar en La Moncloa pero la cuestión es ¿para qué? Sin descartar el prestigio y la notoriedad que reporta la presidencia, la coalición progresista PSOE-Sumar ya expuso en campaña su deseo de dar continuidad a la agenda progresista que inició en la pasada legislatura.

VERDAD, que muchas de las personas que votaron al PSOE hoy es posible que no lo hicieran, pues no comparten la idoneidad de la amnistía. Sin embargo, eso no quiere decir que automáticamente esas personas apoyen al PP o a Vox, nada más lejos de la realidad. Si hubiera nuevas elecciones, es probable que aumentara la abstención y los votos en blanco.

MENTIRA, que la reforma exprés de las normas del Senado que ha aprobado el PP aprovechando su mayoría en la Cámara Alta no choque frontalmente con la Constitución. Lo hace dado que el artículo 90 de la Carta Magna es claro al indicar que “El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados”, como será el caso de la ley de amnistía.

VERDAD, que la amnistía rompe la separación de poderes. Es innegable que se trata de una medida que contradice una sentencia judicial, del mismo modo que lo hace un indulto. La mayor diferencia entre una figura y otra es que la primera elimina los antecedentes también y el segundo tan sólo la pena. En ambos casos, invalida la pena impuesta por los tribunales. Sin embargo, nunca ha existido tanta polémica sobre esta separación de poderes con los indultos, a pesar de que desde 1996 en España se han concedido más de 10.600. No es una cuestión socialista, José Mª Aznar llegó a conceder 5.948 indultos entre 1996 y 2004, superando en 4 a Felipe González, con algunos tan polémicos como exministro del Interior, José Barrionuevo, y el exsecretario del Estado para la Seguridad, Rafael Vera, implicados con los GAL. Mariano Rajoy también indultó a 898 personas. España no se rompió. Si estas medidas de gracia –contra las que la judicatura no ha mostrado tan revuelo otras veces-, no gustan, habrá que cambiar nuestra legislación, incluida la Constitución.

MENTIRA, que la amnistía implique necesariamente que la Justicia obró arbitrariamente con los responsables del procés, como apuntan diversas asociaciones de jueces y juezas. Cumplieron con su deber y nadie niega el delito cometido –de ahí que se trate de una medida de gracia-. Lo que se indica al hablar de 'judicialización de la política' es que asuntos como el problema territorial de Catalunya debieron resolverse en el plano político y no en el judicial porque, como vemos, la Justicia no puede resolverlo.

VERDAD, que en España se producen casos de lawfare. Lo han padecido partidos políticos como Podemos -con decenas de causas, todas archivadas-, los independentistas e, incluso, periodistas. La acción no parte de la judicatura, sino que son otros los que emprenden acciones legales –normalmente infundadas- con el propósito de presionar, chantajear, intimidar o desprestigiar. La Justicia sigue el proceso, aunque es cierto que en ocasiones se producen movimientos sospechosos como el recientemente protagonizado por el juez García Castellón poco antes del registro de la ley de amnistía, citando a Puigdemont sin esperar al informe que él mismo había pedido a la Fiscalía.

MENTIRA, que el Tribunal Constitucional tenga que decidir si está en el lado de los constitucionalistas o en el de los enemigos de la Constitución, como amenaza Esteban González Pons. El Tribunal Constitucional es, por definición, el garante del cumplimiento de la Constitución y será esta figura y ninguna otra la que finalmente determine si la ley de amnistía se ajusta a la ley. Ni es potestad del PSOE determinar si es constitucional, pese a que Félix Bolaños insistiera ayer tras su registro en el Congreso, ni del PP o Vox que es inconstitucional.  

VERDAD, que la amnistía puede abrir la puerta a una mejor convivencia en Catalunya, y a un mejor encaje territorial en España, como se le escapó en campaña al propio Feijóo. Los indultos, contra los que se posicionó también a derecha, ya abrieron ese camino. Sin embargo, la coalición progresista y sus socios de investidura deberían ser mucho más ambiciosos en esta legislatura abrir el debate del modelo de Estado en España de una vez por todas, con propuestas concretas, no sólo para Catalunya, sino para todo el país.

MENTIRA, que caminemos hacia una dictadura o que deba votar el partido más votado. Salvo imprevistos, Pedro Sánchez será investido presidente con el aval de 179 diputados y diputadas, que representan a 12.506.682 votos (frente a los 11,2 millones de la suma de PP, Vox y UPN). Así las cosas, el socialista será el presidente con el aval de más votos en las urnas que los que hicieron presidentes a Rajoy, Aznar, González y Suárez. El presidente lo eligen los partidos en el Congreso, tal y como establece nuestra Constitución, y Alberto Núñez Feijóo no consiguió reunir nunca los apoyos necesarios.