La exclusión es cosa de todas

 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), acostumbra decir que “los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos”. A pesar de la severidad de su sentencia, lo cierto es que Andalucía es más pobre que el resto. Desde que él llegó al poder, hay 270.000 personas más en situación de exclusión social severa. Son datos del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía que dejan la escalofriante cifra de casi dos millones de personas malviviendo en estas condiciones.

Casi una cuarta parte (23,1%) de la población en Andalucía vive en situación de exclusión. Es un dato impropio de cualquier sociedad que mime el Estado de Bienestar. Quizás por eso se da en Andalucía, que supera en casi 4 puntos porcentuales la media de España en cuanto a exclusión. Con todo, que la media nacional se sitúe en el 19,3% es un mal dato y debería ser una prioridad para el gobierno.

Los dos grandes detonantes de la exclusión social son el empleo y la vivienda. En el caso del primero, esta semana en España hemos tenido motivos para felicitarnos al haber bajado por primera vez desde 2008 de la barrera del 10% de desempleo. Sin embargo, en Andalucía continuamos con una tasa de paro del 14,66% -de nuevo por encima de la media española-, pese a haberse reducido en casi 30.000 personas en 2025.  

Como sucede a nivel nacional, el problema no es sólo el número de personas desempleadas, sino que las que sí tienen trabajo sufren una precariedad laboral insoportable. En una Andalucía camino de los 600.000 autónomos, de los que más de un 23% sobrevive con ingresos iguales o inferiores a 670 euros al mes, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia no son las únicas afectadas por esta precariedad. Quienes trabajan por cuenta ajena ven también cómo les sobra mes al final del sueldo.

La macroeconomía española está siendo objeto de alabanzas por todos los organismos internacionales, pero no basta, es preciso que encuentre reflejo en la microeconomía. Y para que ésta llegue a buen puerto, es imprescindible que remen múltiples actores de manera coordinada. Para entenderlo, basta mirar a la que se considera el motor económico de Andalucía: Málaga, que ha registrado un 11,7% de tasa de paro. ¿De qué sirve tanta gente trabajando si, según los datos de la Agencia Tributaria, el 42% de los declarantes percibe, al cabo del año, rentas por debajo o únicamente similares al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)?

No es suficiente con que el Gobierno de España eleve cada año el SMI; las políticas activas de empleo de Andalucía han de tener más impacto y el empresariado también ha de dejar de incrementar sus márgenes de beneficio y recompensar de un modo justo a sus plantillas. No está sucediendo, aunque a la postre, quien paga los platos rotos es el gobierno central, el único al que se exige que rinda cuentas en un contexto en el que la bonanza económica es condición necesaria pero no suficiente para ganarse el apoyo electoral. Eso sí, si la microeconomía va mal, penaliza dolorosamente a quien gobierna, pese a tener una responsabilidad compartida. La exclusión es cosa de todos y todas.

En cuanto a la vivienda, sucede exactamente lo mismo y todos los actores están fallando: el Gobierno de España con sus medidas prorrentistas y los gobiernos autonómicos del PP incumpliendo la Ley Estatal de Vivienda que, siendo mejorable, podría aliviar algo la situación. No sólo eso, sino que cuando aprueban medidas propias, como ocurre  con la Ley de Vivienda de Andalucía, prima el ladrillazo y desprende tufo aporofóbico criminalizando a las personas más vulnerables (en Andalucía casi dos millones).  

Si volvemos a mirar a Málaga, donde ni su alcalde Francisco de la Torre ni el propio Moreno Bonilla han tenido el menor interés en atajar el problema de la vivienda, observamos cómo ellos mismos van a matar a su gallina de los huevos de oro: el turismo. Según las principales patronales del sector, tres de cada cuatro empleados turísticos tienen serios problemas para encontrar un techo en la capital de la Costa del Sol. Dicho de otro modo, la avaricia ha sido tal reconvirtiendo viviendas habituales en pisos turísticos, no sólo con el aval, sino el impulso municipal, que pueden terminar por no tener quien atienda a sus negocios.

Imagino que es complicado gobernar para el bien común cuando se vive tan alejado de la realidad, cuando se dispone de muy buenos sueldos (más dietas) y la tranquilidad de una vivienda asegurada. Moreno Bonilla, sin ir más lejos, se ha subido el sueldo más de 20.000 euros en los últimos tres años, pasando de algo más de 71.600 euros en 2023 a los más de 92.200 euros que se embolsará este año.

Quienes inventan términos como “inquiokupas” disfrutan de un estatus de vida a años luz de las personas vulnerables. No entienden la angustia, la ansiedad e, incluso, la vergüenza de no poder seguir pagando un alquiler porque la vida te ha pegado un revés y te has ido al paro o trabajando en régimen de explotación. No son caraduras, son personas vulnerables que no quieren hacer mal a nadie. Según datos oficiales del ministerio de Consumo, los caseros tienen una renta media anual de 23.638 euros más que los inquilinos. Hay muchos Morenos Bonilla en España al frente de otras autonomías, dirigentes que creen que merecen subirse el sueldo una media de casi 7.000 euros al año y ponen el grito en el cielo cuando el SMI aumenta anualmente 700 euros.

(Artículo en Público)